Los antecedentes lejanos se ubican en la Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México expedida en 1904 y la Ley sobre Accidentes de Trabajo del Estado de Nuevo León en 1906, en donde “se reconocía, por primera vez en el país, la obligación para los empresarios de atender a sus empleados en caso de enfermedad, accidente o muerte, derivados del cumplimiento de sus labores”.[1] Sin embargo y pese a lo anterior, el Estado no tenía una plena responsabilidad en la provisión del bienestar social de la población.
Con la Constitución de 1917 el Estado asume compromisos en la perspectiva social, a través de los artículos 3, 73 y 123, que incluyen acciones como la gratuidad en la enseñanza primaria, aplicación de medidas sanitarias preventivas y el fomento en el establecimiento de cajas de seguros populares y de sociedades cooperativas para la construcción de casas con bajos costos;[2] tres pilares básicos que fundamentaron avances importantes en materia sanitaria y educativa, aunque en el campo de la seguridad social, los beneficios fueron todavía posteriores.
En el Estado de México, los inicios de la seguridad social tienen lugar en el año de 1904, cuando José Vicente Villada, gobernador del Estado, envió una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados, la que sentó las bases para el establecimiento de la Sociedad Mutualista de Ahorros y Préstamos de los Empleados Gubernamentales.